A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Consejo Coordinador Empresarial, a la Sociedad Civil en general:
El primero de Diciembre pasado en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, cientos de ciudadanos sin importar sexo, edad, religión, orientación sexual, apariencia física o nacionalidad; fuimos víctimas de severos daños de manera premeditada a nuestra persona. Desde el momento de nuestra detención, encarcelamiento y posterior liberación; sufriendo agresiones físicas, psicológicas y verbales.
De igual forma nuestras familias, amigos y demás personas solidarias también sufrieron las consecuencias de todo el proceso arbitrario e ilegal orquestado en nuestra contra, producto de una violencia desmedida pocas veces vista en la Ciudad de México.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), argumenta que con la modificación al Artículo 362 del Código Penal del D.F., y con la cual los últimos catorce compañeros pudieron salir en libertad bajo fianza aunque continúan en proceso judicial, se acentúa la impunidad y se viola el "Estado de Derecho". Si bien nosotros los presos del primero de Diciembre coincidimos en que son precisamente las violaciones al Estado de Derecho el mayor problema que enfrenta el país, no obstante discrepamos que la libertad de los catorce sea una muestra de impunidad.
Catorce miembros de la sociedad, que a su vez son padres, hermanos, amigos, trabajadores, estudiantes, etc; se ven obligados a enfrentar un proceso jurídico a todas luces arbitrario, plagado de inconsistencias; como la ausencia de flagrancia en la detención, abusos de poder y violaciones a sus derechos humanos y garantías individuales.
Nosotros, al igual que ustedes, CCE, nos preguntamos: ¿Es así como las autoridades, del ámbito local y federal, pretenden que se mantenga la Ciudad de México en una convivencia pacífica entre sus ciudadanos? ¿Es a través de estas acciones como se pretende impulsar el Estado de Derecho en el Distrito Federal y en los demás estados de la República Mexicana? ¿Quién pagará los daños materiales y no materiales que sufrimos nosotros y todos los demás que fueron afectados directa e indirectamente ese día? Desconocemos quién reparará los daños causados a nuestra integridad física y emocional; a diferencia de ustedes, CCE, que saben con certeza que sus establecimientos están asegurados y protegidos contra los daños materiales.
¿Y nuestras vidas quién las reparará?
¿Cuál es el Estado de Derecho con el que ustedes están a favor? ¿Cuál es el criterio que emplean para diferenciar claramente a los "inocentes" de los "culpables"? Según ustedes, a los últimos catorce compañeros que salimos del reclusorio el 27 de Diciembre ¿cómo se nos debe de aplicar la ley y sancionar si somos completamente inocentes?
Nosotros, los presos del primero de Diciembre, alzamos nuestra voz para que por ningún motivo se repitan las mismas atrocidades en ninguna parte de nuestro país. Los hechos ocurridos el primero de Diciembre van más allá de ser una burla al Estado de Derecho, como afirma el CCE. Son en realidad una clara criminalización a la libertad de expresión, la manifestación y al libre tránsito. Por ello, exhortamos a la sociedad en general a no dejarse intimidar y no guardar silencio ante las arbitrariedades que sufrimos a partir del primero de Diciembre a la fecha, también a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que reconsidere esta medida y derogue el Artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal.
- Lxs presxs del 1DMX -
Angélica Zepeda Patlani
Daniel X
Ángel Peralta
Clau Trejo
Mariana Muñiz
Arlekín Chispoy Anarquista
Eduardo Daniel Columna Muñiz
Obed Palagot Echavarria
Eduardo Miranda
Abraham Alonso
Roberto Fabián Duarte
Judith Gómez
Alejandro Lugo Moran
Regina López
Ana Yépez
Roberto Fabián Duarte García
Gustavo Arteaga Ramírez (Nuevo León)
Jorge Dionicio Barrera Jímenez
